DECISIONES DE GOBIERNO DEBILITAN COMBATE CONTRA EL NARCO

 Traslado de la Academia Nacional de Guardacostas a una zona sin mar, movilización de policías de puestos estratégicos y no apostar por crecimiento de la fuerza policial para el 2025 figuran entre las decisiones más criticadas.

Las políticas y decisiones de la administración Chaves Robles han debilitado la capacidad institucional y el tejido social que en otros tiempos sirvió para resistir al narcotráfico y sus —cada vez más exitosos— intentos de penetración.

Esto concluyen analistas en seguridad y es lo que demuestran los datos sobre decomisos de drogas y dinero de lavado, junto a la ola de criminalidad y homicidios que afecta al país con mayor agudeza desde el 2022, cuando Rodrigo Chaves asumió la presidencia de la República.

Y es que 2023 fue el año más violento de la historia de Costa Rica, con más de 900 homicidios registrados. En este 2024, si bien la cifra oficial se proyecta para ser menor a la del año anterior, el país sigue experimentando ajusticiamientos a plena luz del día en la vía pública mientras en barrios y urbanizaciones, las familias se han habitúan a escuchar balazos y sirenas a lo lejos cada vez con mayor frecuencia.

A la vez, el país ha sido protagonista de investigaciones periodísticas a nivel internacional que destacan la ola de violencia que afecta a la población, el crecimiento de la operación de los cárteles y el hecho de que somos el segundo punto más importante en el transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos, Europa y otros países.

Las más cuestionadas decisiones que se han tomado en estos dos años y medio de gobierno —denunciadas por grupos sindicales, fuentes policiales y expertos en seguridad— incluyen que la administración removió de posiciones tácticas en aeropuertos y fronteras a grupos policiales antidrogas, trasladó la Academia Nacional de Guardacostas a una zona sin mar y no ha previsto presupuesto para contratar más policías o para más patrullas en el 2025.

Además, en este período se han reducido drásticamente los decomisos de dinero y droga, mientras que expertos señalan que un deterioro intencional del sistema educativo y de salud han dejado el camino abierto para que las juventudes caigan en criminalidad, llevando a que según autoridades judiciales, en el país se recluten menores en tareas que van desde distribuir droga hasta cometer homicidios por encargo.

Como si esto fuera poco, además el Gobierno no ha logrado —según datos de la Contraloría General de la República— certificar su política de seguridad a solo poco más de año y medio de que termine su gestión.

 Por Daniela Muñoz Solano | danielavms@gmail.com