Fiscal general denuncia que se pagó con bitcoins campaña de trolles para desprestigiarlo a él y a la Sala IV por ley jaguar
Paula Ruiz
El fiscal general, Carlo Díaz, denunció este jueves el pago de una campaña para desprestigiarlo y también contra la Sala IV por el fallo relacionado con la ley jaguar. Dijo que por información de inteligencia tiene pantallazos donde se ofrecieron 6 bitcoins.
Así lo dijo en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, lugar al que se presentó después de solicitar una audiencia desde el 3 de octubre.
El jefe del Ministerio Público especificó que el monto de la presunto que se habría pagado de 6 bitcoins ronda los $350.000. Detalló que por ese pago, también se efectuó una campaña en contra de la resolución emitida por la Sala Constitucional de la ley jaguar, promovida por el Gobierno para un referéndum.
“Hay campañas para desprestigiarnos, incluso para que usted sepa, se pagaron 6 bitcoins para hacer una campaña de ley jaguar y al fiscal general”, respondió el jerarca a los cuestionamientos del diputado Francisco Nicolás.
“Un bitcoin es más de 350.000 dólares, es que no están pagando 350 mil colones en una campaña. Lo hacen muy bien, rastrearlo es casi imposible, ese pago exagerado que no sé quien lo hace”, reconoció.
Detalló que tiene pantallazos sobre el ofrecimiento a una “granja” de troles.
“Obviamente, ustedes ven los ataques con troles que se dan todos los días. Esa información (rastreo de dónde vienen) ojalá la pudiéramos tener, pero ellos son bastante cuidadosos”, reconoció ante la prensa al culminar la comisión.
Asimismo manifestó que está abierta una investigación por la utilización de vehículos decomisados y trasladados al Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD) para perseguirlo a él hasta su casa. También, hay magistrados y otros funcionarios que están en esa misma situación, aseguró.
Agregó que es lo que experimenta prácticamente todos los que se opongan al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
“Un día estuvo un tipo estacionado, parqueado cuando estaba llegando (a la casa). No me importan si me tienen que matar, diay, ahí me convertirán en un mártir, tal vez eso sea suficiente para que Costa Rica cambie como lo hizo Italia con la mafia italiana”, recalcó Díaz.
El fiscal general reconoció que ha recibido amenazas de muerte recientes, pero aseguró no tener miedo.
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Chaves no respeta, dice fiscal
El interés de Carlo Díaz por presentarse a esta comisión legislativa guarda relación con una denuncia revelada la semana pasada de un supuesto ligamen con una persona investigada por narcotráfico, al coincidir en una sociedad anónima.
Díaz reiteró que en 1992 ingresó a esa sociedad sin autorización, durante su tiempo como estudiante, mientras trabajaba en un bufete de abogados para costear sus estudios en Derecho en la Universidad de Costa Rica.
Él detalló que la persona investigada ingresó en 2013 y que no lo conoce.
Para él, hay mala intención por parte del Gobierno en querer ligarlo con este tema para deslegitimarlo.
“Yo respeto al presidente, pero en todo esto él no ha respetado que hay otras autoridades y eso es lo que yo no voy a permitir como representante del Ministerio Público. No voy a permitir que la independencia del Ministerio Público se vea soslayada”, reclamó.
Él cree que todo esto se da por la lucha de la institución en contra de la corrupción, pues surgió después de la detención de varias personas por el caso Barrenador, entre ellas la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel.
El fiscal reconoció que él está anuente a dar la cara “por mis compañeros” de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
Ante las preguntas de la legisladora Sofía Guillén, el jerarca del Ministerio Público reconoció que se trata de descalificarlo a él y la labor que realiza la Fiscalía.
El viaje a Grecia
Con respecto al viaje a Atenas, Grecia, donde estuvo una de sus subalternas, reiteró que él pagó el tiquete de la fiscal auxiliar.
El fiscal general explicó a los diputados que el evento al cual asistió lo organizó la Administración para el Control de Drogas (DEA), que incluyó cónyuges, parejas y/o acompañantes, para quienes ofrece un programa especial de actividades paralelo a la misión internacional.
Díaz apuntó que él y Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fueron los invitados por Costa Rica.
“Me daría vergüenza que la DEA no me invite porque aquí no ha invitado a otros funcionarios que debían estar presentes, que tienen que luchar contra las drogas en este país”, fustigó.
“¿Ustedes creen que si sería un narcotraficante, la DEA me estaría invitando ahí? Pues no, vergüenza le debería dar a los que no invitaron y no voy a decir nombres”, reprochó.
El fiscal reconoció que la subalterna ha sido víctima de comentarios y hasta de situaciones de índole machista.
“Eso la ha afectado eso muchísimo, yo tengo cercanía con ella. Ha recibido amenazas, ha recibido burlas, ha sido víctima del machismo que incluso, en este mismo oficio, se le hace ver que ella no puede ascender, tener un puesto y progresar, si no es acostándose con el jefe”, concluyó.
Audiencia prematura, reclama oficialismo
La llegada sorpresa del fiscal no gustó para nada al oficialismo.
Manuel Morales, diputado del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), reprochó a la presidenta del foro legislativo, Dinorah Barquero por la ausencia de una convocatoria por mínimo de 24 horas.
Morales aseguró que tanto él como su asesora, no tenían conocimiento de la asistencia de Díaz a la comisión.
Personal del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso le aclaró al oficialista que no había peligro de nulidad de la sesión por recibir al fiscal, pese a que no existiera una convocatoria con un día de anticipación.
“Mi reclamo es que no sabíamos, tampoco nuestros asesores saben porque solo dijeron que se veían mociones y venimos desarmados”, afirmó el diputado.
Según él, eso le imposibilitaría la formulación de preguntas. Pese a su oposición, la audiencia se realizó con normalidad.
El oficialismo estuvo en contra de la llegada sorpresa del fiscal general. Ellos no realizaron preguntas durante la audiencia.
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